La lucha contra el paro no es técnica sino política.
Es así porque el paro no constituye un problema para todo el mundo. Lo es para quienes no encuentran trabajo remunerado en los mercados. Pero, curiosamente, lo que supone un grave problema para los grandes empresarios no es el paro sino el pleno empleo.
Es así porque, cuando se alcanza, los trabajadores son fuertes y están en condiciones de negociar con éxito las condiciones laborales, es decir de hacer frente al poder del que depende el bienestar y el beneficio de unos y otros. Aunque cueste creerlo, es por ello que a los capitalistas les interesa que haya niveles de paro elevados, pues así (aunque en conjunto ganen menos) tendrán en su mano el poder que necesitan para controlar a la fuerza de trabajo y su retribución.
Eso es especialmente necesario cuando los empresarios no están dispuestos a competir a través de la calidad o la innovación, como desgraciadamente ocurre con la mayor parte de la clase empresarial española. Entonces tienen que recurrir necesariamente a reducir salarios aunque es evidente que esa estrategia, empobrecedora, deben revestirla de algún modo para que sea fácilmente aceptable por la población trabajadora y por la sociedad en general.
El discurso que les permite eso es muy antiguo y consiste en afirmar que los salarios son uno de los costes principales de las empresas y que si éstos son elevados no podrán crear empleos. Así que si se quiere que los haya, habrá que aceptar que los salarios sean más bajos.
Por añadidura, se afirma que si los salarios son elevados, las empresas no tendrán más remedio que subir los precios, de modo que se producirá un peligroso proceso inflacionario que siempre hay que evitar. Y la conclusión será que deben establecerse normas que garanticen, por un lado, que los empresarios puedan reducir costes laborales constantemente, y, por otro, que todas las políticas del estado (y la fiscal y la monetaria, principalmente) deben dirigirse a combatir la inflación. Lo cual, dicen, se consigue reduciendo gastos, elaborando normas que flexibilicen los mercados y no permitiendo que los tipos de interés sean bajos.
Repetidas hasta la saciedad, estas ideas convencen pero la realidad es que son falsas porque se sostienen en un principio que carece de fundamento.
Parten, efectivamente, de una idea liberal del siglo diecinueve que afirma que el nivel de empleo solo depende de lo que ocurra en el mercado de trabajo. Si hay paro, dirán, es porque hay exceso de oferta de trabajo. Pero si los salarios bajan, entonces los empresarios contratarán a más trabajadores y desaparecerá el paro. Si éste existe será entonces “paro voluntario”, es decir, producido solo porque los trabajadores no quieren aceptar salarios más bajos.
Desde hace muchos años sabemos que esas ideas son falsas (incluso matemáticamente insostenibles) y que en realidad solo producen incrementos del beneficio empresarial. Podría ser que fuesen aceptables para una empresa en particular pero, a nivel de toda la economía, el nivel de empleo depende no solo de lo que ocurra en el mercado laboral sino, sobre todo, en el mercado de bienes y servicios. Por muy bajos que sean los salarios, si las empresas no tienen clientes (demanda) no contratarán a nadie. Y la mayor parte de la demanda la componen los salarios.
Aplicando estas ideas a la situación española deduciríamos que para combatir el paro son imprescindibles dos cosas. La primera, limitar el poder político de las grandes empresas que imponen su voluntad (su preferencia distributiva) al resto de la sociedad. Es decir, las que, para ganar más, en realidad están empeñadas en crear escasez artificialmente, escasez de actividad productiva que realmente satisfaga necesidades reales y escasez de empleo estable y de calidad. La segunda, garantizar demanda suficiente a las empresas que de verdad pueden crear empleo, que hoy día son las pequeñas y medianas que fundamentalmente viven del ingreso de los trabajadores nacionales.
Por tanto, lo mejor que se puede hacer para crear empleo en España es elevar los salarios, cambiando la pauta de distribución de la renta para hacerla no solo más justa sino más eficiente económicamente.
Ahora bien, esto no se podrá hacer si no se abordan otras dos cuestiones (para lo cual también se necesita anular el poder político de los grandes grupos oligárquicos). La primera, sustituir las actividades productivas que vienen actuando como motores insostenibles de la economía por otras que utilicen los recursos de otro modo y permitan consumir de forma más satisfactoria, equilibrada y humana. La segunda, controlar el dinero y las fuentes de financiación para ponerlas al servicio de la sociedad.
Consejero de ATTAC. Periódico de sesiones del 15M
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