La Infanta imputada: la Fiscalía no quiere

Pon fin ha sido imputada la infanta Cristina por uno o varios delitos relacionados con el llamado caso Urdangarín. Digo por fin, porque en mi opinión la imputación lleva bastantes meses de retraso, puesto que parecen claros los indicios de que pudo consentir que su parentesco con el Rey fuera usado por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, en las presuntas actividades ilegales del instituto Noos, como así lo demuestran, de forma suficiente, los distintos correos electrónicos que el socio de Urdangarín, Diego Torres, ha tenido a bien el mostrar ante el juez Castro, así como las pesquisas e investigaciones de éste. 

Urdangarín y señora se lo llevaban a espuertas de entidades tanto públicas como privadas, desde una institución "sin ánimo de lucro" -jocosamente ahora se le denomina "sinónimo de lucro"- llamada NOOS y desde Aizoon SL, donde la pequeña del Rey y su esposo figuraban al 50% en su participación. Después del saqueo a empresas privadas y entidades públicas, el dinero era traspasado  a una fundación que tenía como origen "ayudar a los niños con cáncer", para evadir impuestos y colocarlo en paraisos fiscales.  Este dato ejemplifica más si cabe la desvergüenza y falta de escrúpulo de la citada y real pareja, en la descarada utilización de la Corona para el trinque de fondos públicos, ya sea en las Islas Baleares, en Comunidad Valenciana,  el ayuntamiento de Madrid, en Gerona, en la Diputación de Barcelona o en Alcalá de Henares, así como también en unas cuantas empresas privadas y entes deportivos como el Valencia o el Villarreal. Trinque que se conseguía mediante la presión que ejerce en cualquier entidad, sea pública o privada, el influjo y la influencia de la Corona y de la Casa Real, por no decir la posible intervención directa del monarca o de alguien de suma confianza del rey, pues es sabido y conocido la intervención, en algunos "asuntos delicados" según nos cuenta la princesa -ésta de secano- Corina.

La Infanta era la única persona que no estaba imputada hasta ahora, pues tanto Diego Torres junto a su señora, como Urdangarín y García Revenga, Secretario de las infantas y persona de confianza muy ligada al Rey, ya lo estaban. Resultaba chocante y paradójico que la Infanta no hubiera sido llamada a declarar ni siquiera como testigo, cuando parece ser que era supuestamente beneficiaria directa del dinero que se volcaba a las sociedades y fundaciones en la que ella estaba de titular, para después ir a para a cuentas en paraísos fiscales. Todos los datos eran bastante evidentes en relación a la participación de la hija del Rey en el entramado del caso NOOS. Pero la gran cuestión que se dilucidaba, la gran duda que a todos nos embargaba, era si el juez tenía o no tenía el arrojo y el valor suficiente para imputar a la mismísima hija del Jefe del Estado. Esa era la gran cuestión. 

No eran pocos los que dudaban que el juez Castro no fuera derrotado por la presión a la que sin duda ha estado sometido durante este tiempo desde todos los frentes; de que no sucumbiera ante la estrategia de la promesa en un principio, o ante las viles amenazas después, dejándose estrujar para abandonarse a la corriente y dejarse llevar por ella. Cierto es que le ha costado demasiado tiempo tomar la decisión. La gran decisión de su vida. Algo inimaginable cuando terminó su carrera de juez: la posibilidad de tener que imputar a la mismísima hija del rey. Algo tan absurdo y kafkiano que resulta fuera de toda lógica pensarlo.  Por ello yo no tengo por menos que agradecer su decisión. Una decisión, aunque tardía, valiente en los tiempos que corren. En unos tiempos en que la justicia está tan denostada como los políticos ante la opinión pública. Sí, es de agradecer. Pues lo que se debería de considerar algo normal y natural en un juez y en una justicia, hoy día casi resulta algo excepcional: que a una persona de relevancia política, económica o institucional se le impute, o lo que es más difícil todavía: que vaya a la cárcel. Es por ello que no puedo dejar de imaginar esas tremendas presiones a las que el magistrado ha tenido que estar sometido durante todo este tiempo. Presiones que sin duda han posibilitado que la imputación no se haya llevado a cabo hasta ahora, entre otras cosas, por el comportamiento de la Fiscalía Anticorrupción, que más parecen los abogados de oficio, en este caso de la Infanta Cristina de Borbón y Grecia, que quienes se suponen que deben de estar para perseguir el delito, al menos facilitándo la labor a los jueces.

En cualquier país que se precie de ser respetuoso con la justicia y donde realmente la justicia sea "igual para todos" sin injerencias, causaría sonrojo la decisión de ésta institución recurriendo el auto del juez por el que imputa a la Infanta, argumentando "que no ve ningún indicio contra ella, ya que las últimas declaraciones, investigaciones y correos no han aportado prueba alguna que avale una supuesta intervención en los negocios del duque de Palma". Pero aun más sorprendente ha sido la reacción de buena parte de la prensa española, justificando la decisión de la Fiscalía y tachando de exagerada la decisión del juez. Es sabido también que cuando desde arriba "nos mean", la prensa dice que "llueve".

No menos sorprendente la actitud de la Zarzuela, donde reside la máxima institución del Estado, desde donde se ha corrido a emitir un comunicado que viene a decir que el Rey se ha enterado por los medios de la imputación de su hija y que manifiesta su "absoluta conformidad" con la decisión anunciada por la Fiscalía Anticorrupción de recurrir este auto en su posición procesal de imparcialidad y defensa de la legalidad", eso si, después de dejar claro, "su respeto por las decisiones judiciales". Sin duda nos toman por imbéciles.

La marca España es para mear y no echar gota.